Legislación social canadiense

Abstract

Estudio relativo a los servicios sociales en el dominio de Canadá, que forma parte de una serie de artículos de divulgación sobre la materia que se publicaron en esta revista. Se dio prioridad a la publicación de estudios de la misma índole que correspondían a países americanos que, por razones de unidad continental, se hallaban más ligados al nuestro, ofreciendo ciertos aspectos coincidentes con los problemas sociales del Perú. Según las leyes de esos años, las provincias tomaban a su cargo la mayor parte de socorros y gastos administrativos de los servicios sociales del Canadá, que cada vez eran más numerosos. Considerando que sus recursos de entradas eran limitados, este estado de cosas contribuyó a hacer necesario el estudio sobre las relaciones financieras entre el Dominio y las provincias, a lo cual se dedicó comisión Rowell. La legislación social de Canadá era voluminosa y comprendía diversos rubros como: mano de obra extranjera, aprendizaje, empleo de las mujeres y niños, mercados colectivos, conciliación y arbitraje, educación, horas de trabajo, responsabilidad patronal, salud obrera, enfermedades industriales, inspección de las usinas y talleres, contratos obreros, saturnismo y silicosis, licencias obreras, descuentos y retención de salarios, pensiones de vejez, trabajo penitenciario, higiene pública, reglamentos de seguridad, presencia en la escuela, huelgas, lock-outs, "trade-unions", salarios, accidentes de trabajo, etc. Gran número de estas cuestiones contenían una cantidad de leyes en cada provincia, al mismo tiempo que leyes del Dominio sobre la misma materia. La situación era complicada, de un lado por el conflicto de autoridad entre el Dominio y las provincias, y por otro la necesidad de hacer frente a los graves problemas de la depresión. La legislación obrera del Dominio en 1935 demostró muy bien las dificultades de una legislación social en un país gobernado por autoridades contradictorias: ese año, el Parlamento aprobó tres leyes destinadas a poner en vigor los acuerdos preliminares firmados por el Canadá en la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre los salarios mínimos, limitación de horas de trabajo y descanso semanal, y una ley sobre el seguro obrero y social que contenía un plan de seguro obligatorio contra la desocupación. Estudiando la validez de estas leyes, la cuestión fue sometida al Comité Judicial del Concejo Privado, que dio su fallo el 28 de enero de 1937, declarando que esos temas eran de jurisdicción provincial. Las leyes sociales del Canadá fueron promulgadas a medida de sus necesidades. En una provincia las leyes relativas al empleo de los niños eran parte de las leyes sobre educación y en otras estaban dentro de la legislación obrera. Los reglamentos sobre higiene, accidentes, las compensaciones y condiciones obreras eran muy variados para ser reunidos bajo una forma de sistema organizado o unificado. Cuando se examinó la multiplicidad de leyes sociales bajo el punto de vista económico o financiero, la complejidad de las leyes de las nueve provincias y del Dominio presentó una cierta dificultad. Concluye que, a pesar del hecho de que las leyes en esos momentos presentaban un conjunto más armónico y mejor adaptado a las necesidades locales que no indicaba su complejidad, parece que un mayor grado de coordinación era deseable desde el punto de vista económico. Una autoridad central encargada de efectuar esta coordinación podría establecer una mayor uniformidad y obtener mejores resultados teniendo en cuenta las dificultades locales. Los problemas son de tal complejidad, que ninguna fórmula práctica haría absolutamente justicia a todos los interesados, pero opina que la solución estaba en un compromiso basado en la felicidad común.