Financiación de los seguros sociales a largo plazo

Abstract

Analiza cómo debe ser financiado a largo plazo un sistema de seguros social de jubilación. Se plantea si es lícito o no adoptar el sistema del reparto o el de la capitalización.

Explica que en los países de Iberoamérica se había confundido dos cosas completamente distintas: los sistemas jubilatorios garantizados por una caja especial, del estado o privada, y las pensiones de vejez o invalidez que brinda el seguro social.

Una caja de jubilaciones cerrada, que tenía entre sus afiliados sólo una parte reducida de población, recaudaba de cada asociado una determinada cotización y acumulaba los fondos reunidos para hacer frente a los beneficios futuros prometidos a los actuales cotizantes. En este caso el valor actual de los ingresos previstos debía, en conjunto, equilibrar el valor actual de los beneficios prometidos como contrapartida, para asegurar la continuidad de las prestaciones.

Pero las pensiones del seguro social no se equiparaban a las de una caja de jubilaciones. En primer lugar, la población asegurada era, por lo menos, la mayor parte de la población del país. En segundo lugar, las pensiones que abonaba el seguro social debían ser uniformes para todo el mundo, sin hacer distinciones. En tercer término, el enorme fondo de capitales acumulados del seguro social era difícil de colocar de forma apropiada, con seguridad, rentabilidad y fácil realización. Sólo los fondos del Estado se prestaban a ello, pero esos fondos no producían renta verdadera.

Después de reflexionar un tanto, señala que no hay mal en que las clases activas de hoy costeen las rentas de vejez de sus mayores, para que sus descendientes paguen, a su vez, las suyas. Ello supone una continuidad. El procedimiento no es de una ortodoxia intachable, pero presenta algunas ventajas: a) Como las cotizaciones iniciales necesarias son bastante menores, pesan menos sobre el actual coste de la vida. b) Como las reservas tienden a ser pequeñas, su colocación se facilita. c) Como las pensiones son de un monto uniforme para todos los beneficiarios, los cálculos se simplifican. d) Como no hay reservas considerables, las consecuencias de la inflación - cuando se produzca - serán mucho menos temibles. Al ajustarse los salarios, se ajustan automáticamente los descuentos que esos salarios sufren con destino al seguro social. Y el valor adquisitivo de las pensiones sigue, aunque con un ritmo algo más lento, la marcha de los precios y de los salarios.

Concluye señalando la preferencia de adoptar el sistema de reparto, cumpliendo ciertas condiciones, como: un sistema de pensiones universal; que éstas sean de un monto uniforme y reducido, aunque han de ser suficientes para asegurar un decoroso nivel de vida, pero no tan apetecibles como para estimular prematuras deserciones del trabajo; la edad del retiro debe ser alta sin incurrir en excesos.

Finalmente, indica que los progresos de la medicina y de la higiene han prolongado la vida y puede afirmarse que la esperanza de vida al nacer pasó de cincuenta a setenta años y aún algo más. Esa prolongación de la vida llevaba aparejada consigo un aumento de vitalidad. Se debe investigar hasta donde ese envejecimiento global puede significar una prolongación individual de la salud, el vigor y la capacidad de trabajo